La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR) denunció, a poco más de tres meses de las históricas protestas del 11 de julio (#11J), que continúan las irregularidades y abusos de las autoridades contra los ciudadanos que siguen todavía detenidos.

La CONCUR ofrece desde los primeros días de las manifestaciones un servicio de asesoría jurídica para los detenidos y acompañamiento espiritual y psicológico para sus familiares, luego de la represión ejercida por el régimen de Miguel Díaz-Canel ante el reclamo ciudadano por las difíciles condiciones de vida en la isla.

En un comunicado emitido el miércoles 20 de octubre, los religiosos y religiosas de Cuba calificaron de «inhumana» la «falta de comunicación presencial» de los detenidos con sus familiares, lo que «pareciera una penalidad adicional».

«Ante la gradual flexibilización de las medidas epidemiológicas, sugerimos se busquen alternativas para que los familiares puedan visitar a los detenidos», pidió la CONCUR.

Asimismo, denunció que hay irregularidades en las conclusiones provisionales que presentan los fiscales ante el juez, así como en la admisión de pruebas.

«En muchos casos, en la fase de instrucción penal no se han admitido las pruebas propuestas por la defensa, lo cual podría mostrar parcialidad y un interés político de sancionar con penas elevadas. Las conclusiones provisionales se sostienen muchas veces en la posición política de los acusados», denunció la CONCUR.

También criticó que «las listas de testigos presentados por la Fiscalía, en su mayoría, son miembros del Ministerio del Interior de Cuba (MININT)».

«Esto contradice el deseo de esclarecer sucesos caracterizados por la participación masiva de ciudadanos civiles. Se han rechazado constantemente posibles testigos en la fase de instrucción, y también la aceptación de otras pruebas (videos, fotos…) que favorecen a los detenidos», continuó.

Frente a esta situación adversa, la CONCUR sugirió que «sean consideradas en la apertura del juicio oral las pruebas solicitadas por la defensa a fin de esclarecer los hechos».

Finalmente, los religiosos y religiosas cubanos recordaron que «según la Ley de procedimiento Penal, en su artículo 107, el Instructor practica las acciones de instrucción y demás diligencias de la fase preparatoria en el más breve plazo posible, existiendo un término de 60 días para ellas y las prórrogas deben de ser justificadas».

Sin embargo, denunciaron que «lo que debería de ser una excepción en la Ley se ha convertido en una praxis habitual, que lesiona los derechos de los detenidos».

«En la mayoría de los casos se ha solicitado dicha prórroga restando celeridad a los procesos», aseguraron.

Por su parte, la ONG española defensa legal pro derechos humanos, Prisoners Defenders, reportó el pasado 6 de octubre un «récord histórico en Cuba de 525 prisioneros políticos en los últimos 12 meses», así como 442 casos activos en el mes de septiembre.

«Con 138 presos y condenados se inició octubre de 2020. Desde entonces hasta final de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos», señala.

Prisoners Defenders constató, además, «de entre los más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos fiscales o sentencias, aplicados a los manifestantes detenidos a millares desde el 11J, una lista de 442 casos de convictos y condenados políticos que hemos podido determinar activos durante septiembre de 2021».

Agregó que de los 442 casos, «288 pertenecen a la represión relacionada con el 11J en Cuba, cifra inferior al 20% respecto al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible abarcar los casos entre la población por múltiples razones».