Un tribunal administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda ha suspendido de forma cautelar el concurso para la “resignificación” del Valle de los Caídos tras un recurso que alerta de perjuicios “de difícil o imposible reparación”.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y cuyos miembros son nombrados por el Consejo de Ministros, ha concedido “la medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación” de las acciones destinadas a “resignificar” el conjunto monumental.
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Una gran noticia
Se ha conseguido paralizar el concurso de ideas para la resignificación del Valle de los Caídos. pic.twitter.com/upKtlSftQK
— Ipe Utrera-Molina 🇪🇸 (@ipeutrera) May 26, 2025
Entre otras actuaciones, el pliego de condiciones técnicas para este concurso indica que el Gobierno de España no considera como espacios de culto las capillas del Santísimo y del Santo Sepulcro, lo que le permitirá intervenir en ellas como parte del proyecto.
El abogado español Felipe Utrera-Molina, involucrado en la defensa de la integridad del Valle de los Caídos, expresó en X que, según los abogados del arquitecto recurrente “la razón fundamental alegada es que no se pueden realizar obras que no sean de mantenimiento o rehabilitación en el Valle de los Caídos sin antes aprobar un plan especial”.
El recurso ante el tribunal administrativo fue presentado por el arquitecto Benjamín José Cano, y los efectos de la medida cautelar “impiden la prosecución del procedimiento de licitación”, sin que esto afecte a los plazos de presentación de ofertas “ni impida su finalización”.
Este procedimiento está amparado por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que traspone al ordenamiento jurídico español unas directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del año 2014.
El pasado 16 de abril, al conocerse el pliego de condiciones del concurso público para la resignificación del conjunto monumental, la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado en el que acusa al Ejecutivo de lanzar el concurso de ideas “sin contar con la Iglesia acerca de los pormenores o cuestiones que deberían ser concretadas con anterioridad, por si no se respetan los espacios y la sensibilidad religiosa” pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Iglesia Católica.