Este domingo 2 de junio, México vivirá un hecho histórico: por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales en elecciones para el Poder Judicial.
Sin embargo, esta reforma no ha estado exenta de controversia. Desde sus primeras fases, fue duramente cuestionada por distintos sectores de la sociedad, incluyendo a la Iglesia Católica, que advirtió sobre los riesgos que esta transformación implica para la democracia y la división de poderes en el país.
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¿Qué cambia con la reforma judicial?
Estos comicios son resultado de la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. La reforma fue aprobada en septiembre de 2024 por el Congreso de la Unión, mayoritariamente conformado por miembros de Morena.
Entre las principales novedades de esta reforma está la elección directa de 881 cargos judiciales a nivel federal y local. Entre los puestos a renovar se encuentran ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito.
Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco jueces encargados de investigar y sancionar posibles conductas indebidas dentro del Poder Judicial.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que se espera la participación de más de 100 millones de votantes mayores de edad, de una población total de aproximadamente 130 millones de personas.
¿Cómo se votará?
A diferencia de las elecciones políticas tradicionales, en esta ocasión cada votante recibirá seis boletas de distintos colores, correspondientes a los diferentes cargos en disputa.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), en cada boleta se presentará una lista de candidaturas dividida por sexo. El votante deberá escribir en los recuadros punteados los números de los candidatos elegidos, respetando el número de cargos a seleccionar.
Para los jueces especializados en áreas como civil, penal o administrativa, las candidaturas estarán diferenciadas por colores según su especialidad, y el elector deberá elegir un candidato por cada categoría.
Señalamientos de la Iglesia Católica
Desde el inicio de esta reforma, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su oposición. En un mensaje fechado el 23 de octubre, los obispos advirtieron que la reforma podría “poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta nuestra estructura democrática”.
Además, hicieron un llamado para que la reforma fuera “más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo”, algo que finalmente no sucedió.
Críticas a la independencia judicial
El Dr. Rafael Estrada Michel, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México y director del Observatorio de la CEM, en declaraciones para ACI Prensa, cuestionó severamente el modelo de elección directa de jueces. Según explicó, este mecanismo podría facilitar la intervención de actores políticos y estructuras de poder en los procesos judiciales.
Si bien reconoció que esta práctica ya existe, advirtió que “sin duda la situación se agravará, con lujo de cinismo y postración en los próximos años”.
El experto citó la expresión en latín “Ira furor brevis est”, que significa “la ira es una locura breve”, para alertar que “esta malhadada reforma producto de la ira y la venganza no podrá sostenerse más de una década, tal como ocurrió con la educación socialista y con la nacionalización bancaria”.
“Lo malo es que sus efectos perniciosos se sentirán más allá de la mitad del siglo XXI. Piense, simplemente, en el criminal desmontaje de la carrera judicial, que había costado 30 años consolidar”, lamentó el Dr. Estrada Michel.
También advirtió que esta reforma “tornará nugatorias la división de poderes, la independencia judicial y la Justicia constitucional” y en cuanto a la creación del nuevo órgano disciplinario señaló que su función será que “ningún juez de la república se atreva a cuestionar la constitucionalidad o convencionalidad de una ley o de un decreto del Ejecutivo, so pena de destitución, inhabilitación y hasta cárcel”.
Toda esta situación, concluyó, generará una falta de independencia judicial que “no le sirve ni a víctimas ni a procesados, pues con ella el acceso a la verdad se torna imposible, y todo termina siendo simulación y coartada”.
¿Debe votar un católico?
Luis Antonio Hernández, responsable de la plataforma mexicana Voto Católico, que analiza las posturas de los políticos mexicanos con respecto a los valores de la Iglesia, señaló a ACI Prensa, que “participar en la vida política del país, así como en las decisiones trascendentes de la comunidad, siempre valdrá la pena, además de que es un deber cívico de todo ciudadano de buena voluntad”.
Explicó que, si bien en este proceso “lograron filtrarse aspirantes sin la experiencia suficiente para esos cargos, incluso algunos con vínculos o antecedentes peligrosos”, hay otros candidatos ideales para el puesto, por lo que señaló que “una de las principales obligaciones de los ciudadanos comprometidos debe ser cerrar el paso justamente a aquellos aspirantes cuya trayectoria y reputación no garantice una eficiente administración de la justicia”.
Hernández dijo que, para votar correctamente, un católico —y en general cualquier persona de buena fe— “debe elegir a los candidatos más preparados, comprometidos con la justicia y la legalidad, a quienes garanticen mayor seguridad jurídica a las mujeres, sus hijos, las familias y los niños por nacer”.