La Conferencia Episcopal Argentina se unió al “desconcierto y desamparo” de las personas con discapacidad, que desde hace varios días se manifiestan para reclamar ante los recortes del Estado en el área.
Los profesionales de la salud, acompañantes y familiares de personas con discapacidad aseguran que la situación en el área es crítica, debido a que el monto asignado para las prestaciones no recibe aumentos desde hace varios meses, poniendo en peligro la continuidad de los servicios esenciales.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
La presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa, Elizabeth Karina Foschi, precisó a La Nación que los profesionales de apoyo están cobrando $307.000 pesos argentinos por trabajar cinco días a la semana, cuatro o cinco horas diarias (USD $3 dólares estadounidenses por hora, aproximadamente).
Desde el sector denuncian la suspensión en las coberturas, los bajos honorarios que perciben los prestadores, y los meses de demora en los pagos provenientes del Estado. Un psicólogo, por ejemplo, según los valores actuales del nomenclador oficial, percibe $12.370 pesos argentinos por cada sesión (aproximadamente USD $10 dólares estadounidenses).
El jueves pasado se realizó en Buenos Aires —con eco en varias ciudades del interior— una marcha al Congreso de la Nación para pedir que se declare la situación de emergencia en discapacidad. Este miércoles, los manifestantes se sumarán a la protesta que semanalmente realizan los jubilados en las inmediaciones del Congreso.
En los últimos días se hizo pública una respuesta que Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, habría dado a la mamá de Ian Moche, un niño autista conocido en Argentina por divulgar información para crear conciencia sobre el trastorno.
“Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”, fueron las palabras que denuncia Marlene Spesso, mamá del niño, haber recibido como respuesta por parte del funcionario durante una reunión, recoge La Nación.
La respuesta de la Iglesia Católica en Argentina a esta crisis
Con el título “Las personas con discapacidad no pueden esperar”, desde la Comisión Ejecutiva del Episcopado buscaron hacerse “cercanos a sus dolores e inquietudes y a las de sus familias”.
“Una dignidad infinita, que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre”, citaron al Papa Francisco en su declaración Dignitas infinita.
“Como discípulos de Jesús y su Evangelio seguimos convencidos de que es necesario que ‘rescatemos’ a la persona y su dignidad, que la pongamos en el centro de nuestros intereses, de nuestros servicios, y proyectos”, consideraron.
En ese sentido, advirtieron que el acceso a servicios esenciales para la vida cotidiana de las personas con discapacidad “se han vuelto inciertos y limitados”, lo que provoca que muchas veces, el esfuerzo de las familias que los acompañan “se realiza en soledad”, sin el reconocimiento de la sociedad “ni el apoyo adecuado del Estado”.
Los prelados se refirieron a la situación de las personas con discapacidad, no como una cifra estadística, sino como una realidad que “tiene nombres, rostros, historias; son niños, jóvenes y adultos que ven cercenadas sus posibilidades de desarrollo, participación e inclusión plena”.
En ese marco, se mostraron sorprendidos al constatar “el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública” y llamaron a la reflexión “a quienes, desde el ámbito del Gobierno Nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea”.
“El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias: es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad”, sostuvieron.
Asimismo, llamaron a evitar “actitudes y expresiones que lastiman” como también “lenguajes despreciativos” y con crueldad “que atentan seriamente contra aquella unidad que tanto necesitamos como pueblo”.
Finalmente, la Iglesia Católica se puso a disposición “en cuanto podamos ser útiles desde nuestro lugar de servicio”.