Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumenta sus redadas y deportaciones; varios obispos en Puerto Rico han expresado su alarma y han recordado a los católicos su deber de acoger y proteger a los necesitados.
Durante una conferencia de prensa el 11 de junio en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Obispo de Mayagüez, Mons. Ángel Luis Ríos Matos, dijo que emitió órdenes a las parroquias de su diócesis de no proporcionar información a los agentes federales “a menos que esté respaldada por una orden judicial”.
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Sin embargo, añadió, “incluso con una orden judicial, cuando se trata de justicia para los pobres, prevalece una justicia superior”.
“Si hay que pagar consecuencias, se pagarán. No lo llamo desobediencia civil, sino obediencia a la doctrina de la justicia y la caridad. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”, resaltó el prelado.
La declaración del obispo fue recibida con aplausos por los presentes, entre ellos el Arzobispo de San Juan, Mons. Roberto González Nieves, y el Obispo de Ponce, Mons. Rubén Antonio González Medina.
Desde que asumió el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado los esfuerzos para deportar a inmigrantes no autorizados en el país. En Puerto Rico, territorio estadounidense, muchos migrantes indocumentados provienen de la República Dominicana.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, republicana que apoyó a Trump en las elecciones, dijo que su gobierno no se opondrá a las deportaciones, incluidas las realizadas en iglesias y hospitales, porque la isla “no puede darse el lujo” de violar las normativas y arriesgarse a perder el acceso a fondos federales.
Según informó el periódico español El País, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha detenido a 445 personas en Puerto Rico desde que comenzaron las redadas el 26 de enero.
Si bien la mayoría son dominicanos, el DHS dijo que varios inmigrantes indocumentados eran de Haití, Venezuela y México.
Sandra Colón, portavoz de la oficina del DHS, dijo a El País que “81 personas han sido deportadas a su país a través de salida voluntaria o expulsión acelerada”.
Las deportaciones en la isla motivaron una declaración del Obispo de Caguas, Mons. Eusebio Ramos Morales, quien señaló que las deportaciones “aunque se presentan como legales, son injustas e inmorales cuando se ejecutan sin piedad ni respeto por la dignidad humana”.
“Desde nuestra isla de Puerto Rico, a muchos nos hicieron creer que estas prácticas no nos afectarían directamente. Sin embargo, hemos presenciado cómo agentes de inmigración allanan comunidades empobrecidas y vulnerables, especialmente las de nuestros hermanos dominicanos, cuya contribución al desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico es invaluable”, escribió Ramos.
El Obispo dijo además que el aumento de las redadas de ICE ha causado que las familias vivan con miedo, los niños falten a la escuela, los enfermos no tengan acceso a atención médica y “muchos no tengan la capacidad de ganarse la vida con dignidad”.
“Esta situación clama al cielo”, subrayó.
En la conferencia de prensa del 11 de junio, Ríos también dijo que si los agentes “vienen a solicitar información o detener a personas dentro de la iglesia, el derecho de santuario, que es reconocido mundialmente y en Estados Unidos, prevalece y protege los derechos del inmigrante”.
Sin embargo, en enero, la administración Trump anuló la designación que categorizaba los lugares de culto como “áreas protegidas” a salvo de las autoridades migratorias.
CNA, agencia en inglés de EWTN News, contactó a Ríos el 12 de junio para preguntar si las autoridades federales habían intentado detener a personas en iglesias diocesanas. Sin embargo, no estuvo disponible para hacer comentarios.
Según la directiva de la administración Trump, las iglesias, mezquitas, sinagogas y otras instituciones religiosas ya no cuentan con protección especial, lo que otorga a los agentes federales mayor amplitud para realizar redadas y arrestos.
La política fue impugnada judicialmente por 27 grupos cristianos y judíos, quienes argumentaron que la directiva violaba los derechos de libertad religiosa protegidos por la Constitución. Sin embargo, en abril, el juez federal de distrito Dabney Friedrich dictaminó que las preocupaciones de los grupos carecían de fundamento jurídico.
La directiva del gobierno sobre las áreas protegidas, especialmente los lugares de culto, representó sólo “un cambio modesto en la orientación interna que el DHS está proporcionando a sus funcionarios de inmigración y no exige realizar actividades de cumplimiento de la ley durante los servicios religiosos o mientras se prestan ministerios de servicios sociales”, afirmó el fallo.
Mientras tanto, en una entrevista en la televisión local, la agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE para Puerto Rico, Rebecca González-Ramos, aseguró que los agentes federales “no entrarían a iglesias, hospitales o escuelas” para buscar migrantes indocumentados.
“No entraremos ni separamos unidades familiares tampoco”, dijo en una entrevista con Telemundo el 10 de junio.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA
Junno Arocho Esteves
Junno Arocho Esteves es un periodista independiente radicado en Malmö, Suecia. Nacido y criado en Estados Unidos, cubrió el Vaticano como corresponsal durante 12 años para varios medios de comunicación, como ZENIT, Vatican News y Catholic News Service. También ha sido responsable de comunicación del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y consultor de comunicación de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores.
