La Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó el 17 de junio una enmienda que despenaliza el aborto en Inglaterra y Gales durante los nueve meses del embarazo, una decisión que ha recibido el rechazo de la Iglesia Católica y de organizaciones provida.
Se trata de una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, presentada por la parlamentaria laborista Tonia Antoniazzi, que recibió 379 votos a favor y 137 en contra. Ahora deberá continuar su trámite en la Cámara de los Lores hasta su votación definitiva.
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Actualmente, en Inglaterra y Gales el aborto es permitido hasta las 24 semanas de gestación.
La decisión de la Cámara de los Comunes ha sido criticada por organizaciones como Right to Life, que lamentó que una cuestión de este tipo haya sido aprobada con un debate de sólo dos horas.
Alertó que, de ser aprobada también por la Cámara de los Lores, ya no serían ilegales los abortos por cualquier motivo, incluidos por selección de sexo, y podrían practicarse “en cualquier momento hasta y durante el parto, lo que probablemente conduciría a un aumento significativo en el número de mujeres que realizan peligrosos abortos tardíos en sus casas”.
En ese sentido, la organización británica aseguró que seguirá luchando “contra esta enmienda en cada etapa de la Cámara de los Lores”.
Por su parte, Mons. John Sherrington, obispo principal de Asuntos de Vida de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, señaló que la Iglesia Católica está “profundamente” alarmada por esta decisión. ”Nuestra preocupación surge de nuestra compasión por las madres y los fetos”, expresó.
En unas declaraciones publicadas por el Episcopado, Mons. Sherrington dijo que esta enmienda hará que las mujeres embarazadas sean “aún más vulnerables a la manipulación, la coacción y los abortos forzados”.
Sin embargo, el arzobispo alentó a no perder la esperanza y aseguró que la Iglesia Católica seguirá “trabajando incansablemente para proteger la dignidad de cada vida”.
“No abandonaremos a las mujeres embarazadas ni a sus hijos no nacidos en su momento más vulnerable. Agradezco a todos aquellos, dentro y fuera de la Iglesia, que comparten este compromiso y continúan sirviendo a los padres necesitados y a sus bebés”, expresó.
La Sociedad para la protección del niño no nacido (SPUC por sus siglas en inglés), también rechazó la decisión de los diputados.
Alithea Williams, responsable de las políticas públicas de SPUC, señaló que la actual ley del aborto “permite el asesinato de aproximadamente 300,000 bebés al año”.
Aseguró que “una encuesta reciente reveló que el 62 % de la población está de acuerdo en que ‘abortar ilegalmente debería seguir siendo un delito para proteger tanto a los no nacidos como a las mujeres vulnerables que podrían verse obligadas a perder el bebé que deseaban, por ejemplo, por una pareja maltratadora’”.
“Solo el 5% apoya ampliar el plazo de aborto hasta el nacimiento. Exigimos a la Cámara de los Lores que desestime esta propuesta antidemocrática y brutal en cuanto les llegue. Nunca aceptaremos una ley que ponga en peligro a las mujeres y les prive de todos los derechos a los no nacidos”, expresó.