Queremos hacerle un llamado oportuno al Excelentísimo Señor Presidente: Luis Rodolfo Abinader Corona, de que se abstenga de otorgar el permiso de explotación minera del Romero, cuyo interés está en las entrañas hambrientas de oro de la Empresa Minera GoldQuest, a costa de la vida y salud de una región.
Nuestra postura como sacerdotes de esta Diócesis de San Juan de la Maguana, se enmarca en nuestra arraigada identidad con los pueblos y comunidades que nos han visto nacer y formarnos como sacerdotes. Queremos que los pueblos progresen y se desarrollen, pero no a expensas de embargar la salud de las personas y la pureza de sus aguas. Mucho menos, a costa del envenenamiento de la principal fuente de donde emana la vida de los habitantes de esta Región. Queremos resaltar que en el Valle de San Juan y sus pueblos vecinos, la mina y la agricultura no pueden convivir, y esta es una región totalmente agrícola. Como lo fundamenta el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí, al decirnos: “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua potable dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales” (Laudato Sí N. 28).
La Cordillera Central, zona que la empresa minera quiere impactar, creemos que está dentro los objetivos de la ONU, en su agenda 2030, de la que la República Dominicana es miembro. El objetivo número 6 de esta agenda versa sobre la preservación del agua limpia y saneamiento. El número 13, sobre los efectos del cambio climático y el número 15, que busca proteger la vida de los ecosistemas terrestres. Esta zona montañosa cumple todas las expectativas para ser liberada de toda intervención minera.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su Sentencia TC/0482/19, referencia del expediente TC. 05-2018-0210 en la página 26 de dicha Sentencia, letras b y h, prescribe que: “La Presa de Sabaneta es un activo económico social del país y una garantía para la producción de alimentos en el Valle de San Juan que jamás debe ponerse en peligro, menos por actividades tan lesivas a la naturaleza, cuya secuela tarda mucho, pero mucho tiempo para ser neutralizada por la naturaleza cuando ella misma pueda absolver los impactos negativos de las actividades mineras” (Letra b).
En la letra h, sustenta su principio Precautorio afirmando: “Finalmente y en vista de su fragilidad o sensibilidad ambiental que acompañan los ecosistemas que conforman la Cuenca Alta del Río San Juan, se recomienda que las mismas sean consideradas como “zona de manejo especial”, tal como lo recomienda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el Estado le brinde una atención especial a las áreas de las nacientes de los ríos, el bosque nublado y sólo se permita actividades productivas en lugares apropiados bajo el acompañamiento técnico permanente y dirigido a beneficiar a las comunidades locales”.
El agua constituye uno de los derechos fundamentales de la vida. Así lo demuestra la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo: “Cuando los israelitas se sentían desesperados a causa de la sed en el desierto, el Señor ordenó a Moisés que golpeara la roca, de la cual salió agua, para que el pueblo bebiera y no perecieran”. (Éxodo 17, 6). De esto se entiende, que el agua es vital para la subsistencia de los seres vivos, tal como nos lo muestra también la Laudato Sí: “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” Laudato Sí, N. 30.
Nuestra Constitución Dominicana protege la Cordillera Central, por ser una zona de alta sensibilidad ecológica, ubicada a 1, 200 metros sobre el nivel del mar. El artículo 15 de nuestra Constitución establece que: “El agua constituye un patrimonio nacional y estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”. El párrafo único de este artículo refiere que: “Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la nación”.
Entendemos que las 14 concesiones de explotaciones mineras que están sobre la Cordillera Central amenazan y comprometen las aguas de esta Región. Estas minas van en cadena, y la terminación de una es el inicio de la otra. Los Limones, Gajo la Guama, Palo de la Rosa, Piedra Dura II, l Guinea, Alto de los Chivos, Loma Cachimbo II, Tachuela fase II, Arroyo la Vaca, Tocón de pino, Jengibre II, Juan de Herrera II y Hércules. Romero es la entrada a todas las demás, para un total de 22,642. 83 hectáreas impactadas, que abarcan toda la Cordillera Central, que es la madre de las aguas de consumo humano y agrícola.
Nos llama poderosamente la atención el hecho de que la Academia de Ciencias de la República Dominicana en el 2018, en rueda de prensa encabezada por su presidente Luis Schekers, y la presencia de los especialistas ambientales: Eleuterio Martinez y Luis Carvajal, emitieran su consideración diciendo que el Proyecto Romero en San Juan de la Maguana, no es viable, en materia ambiental y económica. A pesar de esta importante advertencia de una Institución tan competente en esta materia, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera GoldQuest, siguen con su propósito desmedido de poner en peligro las presente y futuras generaciones de estos pueblos de la Región Sur.
De forma engañosa y embustera, nunca se le había presentado tanta bonanza para San Juan como ahora. Nos preguntamos: ¿Y los demás pueblos donde se han desarrollado grandes proyectos de minas por décadas, y hoy son pueblos pobres y con escasez de agua? Unido a esto, todas las enfermedades de la piel, la contaminación acuífera, la muerte de ganado, la reducción de la producción agrícola en la zona y el efecto negativo medioambiental en general ¿San Juan no será uno más, sólo montañas de rocas peladas y socavones agrietados?
Es el pueblo de San Juan y sus organizaciones de base, los que no quieren que se cambie su condición de ser una región agrícola, que asegura la alimentación de sus munícipes y gran parte del país, por una coyuntura económica minera, que solo durará siete años, donde sus recursos acuíferos estarán en adelante seriamente comprometidos y contaminados, por todos los residuos de materiales pesados: plomo, zinc, cobre, aceite, y fluidos químicos, entre otros, que serán vertidos, más arriba de los embalses de las Presas de Sabaneta, Palomino, Sabana Yegua y Monte Grande, en proceso de construcción.
Ha dicho la empresa que no usará el agua del río, y que sólo usarán agua lluvia, pero según las mediciones de la pluviometría en la Cordillera Central, la tendencia en San Juan y el Sur se encamina a la escasez de agua lluvia. Por lo tanto, el agua no será suficiente para los trabajos de la mina, porque todo proyecto minero del mundo es consumidor de agua, lo cual hace peligrar el preciado líquido para el consumo humano y la parte agropecuaria. San Juan no tiene otra fuente de agua donde abastecer sus necesidades básicas.
Creemos que aprobar un proyecto minero en esta zona tan delicada, es hacer dueña a la empresa minera de todos los minerales y recursos, incluida el agua existente. El agua es el único BIEN COMUN, que a todos nos toca un vaso, un baño. De nada te serviría bañarte de oro, es con agua. EL AGUA ES UN TESORO, QUE VALE MAS QUE EL ORO”. Impidamos que los acueductos de nuestros distritos y municipios terminen siendo depósitos de residuos de materiales pesados (plomo, zinc, cobre, aceite, y fluidos químicos, entre otros).
Por esta y otras razones San Juan renuncia a ser un municipio minero y quiere seguir siendo el Granero del Sur, con sus negras tierras fértiles, bañadas e irrigadas por el agua de los canales José Joaquín Puello, Hato del Padre-Santome y San Juan. Nosotros como sacerdotes nos identificamos con esta causa, porque creemos que es de justicia y de derecho para el bien de toda la Región Sur.
Estamos a tiempo, alertamos al Señor presidente Luis Abinader y al Congreso de la República Dominicana, de igual manera al Pueblo de San Juan a crear conciencia, que no se dejen sorprender y confundir por los aires de la bonanza y bienestar económico, a costa de la intranquilidad y consecuencias nefastas para la salud y la vida de esta zona del país. La riqueza a la que muchos aspiran, con el paso del tiempo se van, cuando ya San Juan no de más, ni para ellos, ni para las futuras generaciones ¡Hombres y mujeres de San Juan, piensen muy bien lo que van a decidir! Sí a la vida para esta y las futuras generaciones.
Que el buen Dios Todopoderoso les ilumine y les ayude a pensar en el futuro de San Juan y todo el Sur, y nos libre de las garras devoradoras de la Empresa Minera Gold Quest, así como de los que, invadidos por la avaricia y el amor ciego por el dinero, sin ver las consecuencias que esta explotación, apoyan las pretensiones de dicha empresa minera.
SUGERENCIAS PARA EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD DE SAN JUAN
- Seguir desarrollando el Plan masivo de reforestación de frutales y árboles productores de agua de la Cuenca Alta, con el apoyo de las Iglesia, los empresarios, las organizaciones de base de San Juan, con una política de subsidio para los agricultores que siembren y cuiden los árboles.
- Poner en ejecución el Plan de Desarrollo anunciado por el gobierno, mediante la tecnificación e industrialización de la agricultura, devolviendo a San Juan su nombre: “Como el granero del Sur”, con mejor y mayor producción y mejores mercados, nacionales e internaciones.
- Lograr la aplicación de la ley 163-05 que declara a San Juan Provincia Ecoturística, donde se pueda aprovechar el turismo de montaña, balnearios, las presas, proyectos pesqueros, artesanía, Plaza Ceremonial Indígena, y otros Monumentos históricos y culturales.
- Declarar la CORDILLERA CENTRAl, libre de toda intervención de explotación Minera, en el presente y en el futuro, con un proceso legal reconocido por el Estado, que nadie atente contra esta reserva y patrimonio nacional.